TEMA 5: INTERVENCIONISMO EN ECONOMÍAS EN DESARROLLO
Las economías contemporáneas pueden agruparse, de manera general, en economías desarrolladas y economías en desarrollo, no en función de su sistema económico —que en todos los casos se basa en la especialización del trabajo y el intercambio— sino según su capacidad productiva, institucional y fiscal. Las economías desarrolladas cuentan con altos niveles de productividad, mercados amplios, sistemas financieros profundos, instituciones sólidas y una base tributaria suficiente para sostener políticas públicas estables. En contraste, las economías en desarrollo operan con restricciones estructurales que limitan su margen de acción: menor productividad, mercados estrechos, baja recaudación, alta informalidad y una mayor vulnerabilidad frente a shocks internos y externos.
Estas economías suelen compartir una serie de rasgos: institucionalidad débil, brechas significativas de infraestructura, sistemas educativos y sanitarios insuficientes, elevada informalidad laboral, baja productividad, escaso ahorro interno, limitada inversión, mercados pequeños, volatilidad cambiaria, déficits fiscales recurrentes e inflación persistente. Estas características no solo describen situaciones coyunturales, sino restricciones estructurales que inciden directamente en las decisiones de producción, inversión y consumo.
Pese a estas limitaciones, todas las economías —incluidas las menos desarrolladas— se organizan sobre la base de la división del trabajo y del intercambio, tal como se expuso en el Capítulo I, son sistemas económicos de intercambio . La productividad aumenta cuando el trabajo incorpora mayores niveles de conocimiento y cuando se aplican tecnologías más eficientes. La combinación de trabajo calificado y tecnología – inversión – permite producir más con los mismos recursos, elevando el nivel de ingreso potencial de la sociedad.
Sin embargo, en el debate público de muchos países en desarrollo es frecuente atribuir el desempleo, la pobreza o el bajo crecimiento al “modelo económico”, sugiriendo que su reemplazo resolvería los problemas estructurales existentes. Esta afirmación desconoce un hecho fundamental: todas las economías reales son economías de intercambio. Lo que está en discusión no es la existencia del sistema económico, sino el régimen económico e institucional bajo el cual opera: el grado de libertad económica, la seguridad de la propiedad, el alcance de la intervención estatal y los límites impuestos al mercado.
En este contexto, las presiones sociales derivadas de la pobreza y de necesidades insatisfechas tienden a empujar a los gobiernos hacia formas amplias de intervención en los mercados. Estas intervenciones suelen presentarse como mecanismos para aliviar la situación de los sectores más vulnerables. No obstante, cuando se aplican sin criterios técnicos claros, sin sustento fiscal o sin considerar los incentivos que generan, producen, mayormente, efectos contrarios a los buscados.
Entre las formas más recurrentes de intervención se encuentran los controles de precios sobre bienes considerados esenciales. Cuando el Estado fija precios por debajo de los niveles compatibles con los costos y la rentabilidad mínima de los productores, se genera un desincentivo inmediato a la producción. La consecuencia económica es una reducción de la oferta formal, que da lugar a escasez, racionamiento y al surgimiento de mercados paralelos donde los bienes reaparecen a precios más elevados.
Este proceso sigue una secuencia bien definida: la producción se contrae, la oferta desaparece progresivamente de los canales formales, la demanda permanece insatisfecha y el Estado responde con mayores controles y restricciones. Lejos de corregir el problema inicial, estas medidas profundizan el desabastecimiento, incentivan la informalidad y deterioran aún más las condiciones de acceso de los consumidores vulnerables.
El intervencionismo puede extenderse también a los salarios, los insumos productivos, el tipo de cambio o sectores completos de la economía. Cuando estas intervenciones se prolongan y se acumulan, los efectos se traducen en desequilibrios fiscales, pérdida de reservas internacionales, caída de la producción, del consumo de la inversión y en general aumento de la pobreza. La intervención deja de ser un instrumento correctivo y se convierte en un factor de inestabilidad sistémica.
Esto no implica negar la necesidad de la acción estatal en economías en desarrollo. La atención de urgencias sociales en salud, educación, nutrición o seguridad alimentaria requiere intervención pública. Sin embargo, esta intervención debe ser focalizada, temporal, técnicamente fundamentada y fiscalmente sostenible. Cuando se convierte en una práctica generalizada, desordenada o populista, multiplica los riesgos de deterioro económico y termina afectando con mayor intensidad a quienes se buscaba proteger.
Existen, no obstante, ejemplos de intervención técnica compatible con la estabilidad macroeconómica. La participación del banco central en el mercado cambiario para suavizar episodios de volatilidad excesiva, bajo reglas claras, límites definidos y respaldo suficiente de reservas. Este ejemplo, demuestra que la intervención estatal puede ser eficaz, siempre que sea profesional, acotada y compatible con la estabilidad macroeconómica.
En síntesis, el intervencionismo en economías en desarrollo debe entenderse como una respuesta recurrente a presiones sociales y políticas propias de entornos frágiles. Sus efectos no dependen de la intención declarada, sino de su coherencia con el funcionamiento del sistema económico. Cuando se respetan los límites productivos, fiscales e institucionales, la intervención puede cumplir un rol correctivo. Cuando estos límites se ignoran, el resultado es el opuesto: menor producción, mayor inestabilidad y un deterioro sostenido del bienestar social.
