LAS DECISIONES POLÍTICAS (generalmente) MARCHAN A CONTRAPELO CON LA ECONOMÍA
Todo tipo de decisión política adoptada por una Autoridad, se materializa en una ley, dispositivo legal, directiva y hasta principios de obligatorio cumplimiento, que supuestamente buscan el beneficio para la población, sector económico o un grupo privilegiado de esta.
Salvo los casos de normas dirigidas a grupos privilegiados, resulta sensato asumir, que debería haber un mínimo de sustento técnico, que considere el impacto de la norma en la economía, debido a que necesariamente afecta las actividades económicas de un país, región o localidad, al margen que en el nivel de normas nacionales nuestra constitución señala que toda ley debe contar con su respectiva relación beneficio/costo; sin embargo, la misma, mayoritariamente, no se cumple. Un notorio ejemplo fue la decisión de construir la carretera transoceánica, que no solo incumplió la norma constitucional, sino también lo relacionado el aspecto técnico, ya que no se contaba con el correspondiente expediente técnico.
Esta realidad que alcanza a la mayoría de las leyes y normas emitidas por el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, es una de las causas relevantes, que afecta la economía de nuestro País, dado que, para su expedición y sustento, solamente se analiza su efecto directo en los probables beneficiarios y también su probable impacto en el corto plazo, sin considerar, los efectos en el resto de la población y sus consecuencias en el mediano y largo plazo.
Ejemplos lo vemos por todos lados y en todos los sectores económicos y continúan presentándose con las normas legales proyectadas y nuevas normas emitidas. Basta revisar la propuesta de un Congresista que plantea un nuevo retiro de cuatro (4) UIT de los aportes a las AFP (séptimo). Propuesta que se da en el contexto de un proceso recesivo en nuestra economía; no obstante, que implica disminuir una fuente de financiamiento de las inversiones de mediano o largo plazo, dado que estos fondos están colocados en bonos, acciones y otros valores, teniendo un impacto en una baja proporción de la población, pero es muy adverso en el clima de inversiones y en las actuales inversiones privadas, que han disminuido en 7.3% en el año 2023, situación que se reflejaría a mediano plazo en los niveles productivos, menores puestos de trabajo, ingresos y en el consumo del País,
A nivel internacional, se puede observar la política de control de cambio (precio de las divisas) y del “cepo” de los depósitos en moneda extranjera, practicada en la Argentina, en el anterior gobierno de la administración Milei, que se manifestó en su estancamiento productivo, en los niveles de empleo, caída del poder adquisitivo de la población por el constante incremento de precios, que fue resultado de los déficits fiscales financiados con emisión inorgánica. Cabe indicar, que, la cantidad y variedad de recursos naturales, infraestructura productiva, compromisos ideológicos, estrategias mediáticas y la masiva política asistencialista, impidieron un estallido social pero no evitaron que los porcentajes de pobreza crezcan de manera importante.
Decisiones políticas que también se han presentado en otras países de economía dirigida, con menores recursos naturales y productivos que Argentina, donde se sustituye la inversión pública por gastos en cupones de racionamiento o planes sociales, pero al tener serias limitaciones fiscales, se expresan en migraciones masivas o cuando los bienes de primera necesidad faltan de manera frecuente y continúa, se registran protestas inicialmente controladas con tendencia a intensificarse y desbordarse, de no atacarse el problema central, que es la generación de producción, ya sea a través de inversión estatal o privada.
La trascendente importancia de las decisiones políticas en el quehacer económico, obliga a los políticos conocer los principios fundamentales de la economía, capacitación que bien podría ser a través del financiamiento que se otorga, actualmente, a los partidos políticos, con la finalidad de que su actuación no vaya a contrapelo del sistema económico. Por su parte, los especialistas y asesores congresales, deben brindar un adecuado sustento técnico tanto cualitativo como cuantitativo, a las propuestas de los políticos y no se limiten a cumplir formalmente el requisito de la relación Costo/beneficio o lo soslayen; condiciones necesarias que consideramos, requiere la economía para que mejore su funcionamiento y beneficie efectivamente a la población.
