LA SECUELA EN LA ECONOMÍA PERUANA DE LA CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL

En los últimos años nuestro país, ha venido transitando por serias dificultades políticas, y sociales, expresadas en seis (6) cambios presidenciales desde el año 2018 a la fecha y frecuentes conflictos sociales que incluían bloqueos de carreteras, tomas de instalaciones mineras, incendios y protestas sociales, pero la economía, contra todo pronóstico, seguía creciendo.

Los analistas económicos no podían explicar cómo el crecimiento económico no se resentía, salvo el año de la pandemia del COVID 2019 que cayó en -12.6% el PBI. El comportamiento de la economía, si bien no llegaba a las tasas del 6% promedio del período 2004 -2016, no registraba un decrecimiento económico ni presentaba un período recesivo, tal como ocurrió en el año 2023.

Para empezar a comprender la anotada performance de nuestra economía, debemos partir de la realidad económica del Perú, donde la economía informal capta el 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) y aporta un estimado equivalente al 60 % del PBI. Dicha actividad económica se caracteriza por ser una economía de mercado, que opera sin normas legales ni reglamentarias y cuyo precio de los bienes y servicios se pactan libremente.

En estas condiciones, aquel emprendedor que no genera valor a la economía; es decir, quien no produce ni vende competitivamente sale del mercado informal. Además, en su gran mayoría tiene que producir o vender diariamente, dado que de otra manera no tendrían ingresos para su subsistencia y de su familia. Esta particular realidad económica, explica la resiliencia de la economía peruana frente a la anotada crisis política y social. 

Sin embargo, la principal variable que incidió, en el actual comportamiento de nuestra economía, está relacionado con la inversión y su efecto multiplicador, principalmente la inversión privada, que en promedio representa el 80% de la inversión bruta nacional. Como es fácil comprobar, una vez realizada la inversión y comenzar su producción, que es aceptada por los consumidores, el volumen producido muestra un comportamiento marginal creciente, hasta alcanzar su máxima capacidad productiva y luego presentar una tendencia marginal decreciente.

El descrito proceso de maduración de la inversión y su ciclo productivo, explican la tendencia del PBI que mostró el Perú, creciendo aun en los años de turbulencia política y social, exceptuado el año de la pandemia, para luego presentar un descenso y posteriormente una recesión. Así en el año 2022 el PBI creció en 2.3%, mientras que en el año 2023 con un proceso recesivo decreció en 0.5%; cabiendo precisar que en el año 2022 la inversión privada se incrementó solo en 0.3%, en tanto que en el año 2023 se redujo en 7.3%.

El análisis desarrollado deja en claro que la secuela de la crisis política y social, si afectó a la baja las variables inversión, producción y consumo, al socavar las expectativas y  confianza de los inversionistas, pero donde se ha manifestado de manera inmediata, fue en la fuga de capitales que desde el año 2021 a la fecha, según las cifras publicadas por el BCRP, han salido del país la suma de $ 22,490 millones que representa el 45.0% de la inversión privada bruta estimada para el año 2023 (8.4%  del PBI). La mayor fuga de capitales se presentó en el año 2021, con la asunción a la presidencia de Pedro Castillo que significó una fuga de $ 17,161 millones.

Los recursos fugados financiaban los programas de las inversiones privadas, como también constituían el ahorro de la clase media nacional, que ahora están depositados en bancos del exterior ganando tasas de interés por debajo del mercado financiero nacional o colocados en inversiones en el exterior.

Para el caso de los capitales nacionales invertidos en el exterior, su retorno ante un, todavía, complicado entorno político, económico y social resultaría difícil. Para el caso de los ahorros en el exterior de la clase media, podría proponer un representante del Congreso, una Ley de Repatriación de Capitales Menores a $ 100,000, que hayan sido transferidos al exterior a través del Sistema Bancario Nacional y cuyo retorno estén exentos de pago de impuestos a la renta y requisitos de la SUNAT, que limita para que estos fondos, estimados en $ 4.500 millones, regresen al país y puedan ser utilizados por el aparato productivo nacional.