TEMA 3: COROLARIO SISTÉMICO: EVIDENCIA EMPÍRICA DE POLÍTICAS ECONÓMICAS INCOMPATIBLES CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ECONÓMICO. EL CASO PERUANO
La Teoría General del Funcionamiento del Sistema Económico desarrollada en este libro sostiene que el sistema económico no es controlable de manera directa por ninguna autoridad, pero sí es influenciable a favor o en contra de su funcionamiento, por las intervenciones de las autoridades gubernamentales y las decisiones económicas de las personas y empresas.
Las políticas económicas, cuando se diseñan y aplican desconociendo esta lógica sistémica, no solo fracasan en sus objetivos declarados, sino que generan desajustes acumulativos que terminan siendo corregidos por la propia dinámica y funcionamiento del sistema, mediante crisis económicas y sociales de gran magnitud. También, es válido mencionar la existencia de políticas económicas que abordan aspectos coyunturales de variables económicas externas (depreciación o revalorización del Dólar USA), resultando necesario la intervención de Autoridades de Gobierno, para atenuar sus efectos en la económica doméstica, sin afectar el equilibrio cambiario o fiscal.
En este sentido, el corolario se focaliza en describir y contrastar empíricamente esta afirmación, con ingratas experiencias en varios países. A continuación, se presenta un caso histórico concreto que evidencia las consecuencias de aplicar políticas económicas incompatibles con el funcionamiento del sistema económico. El ejemplo seleccionado corresponde a la experiencia peruana desde finales de la década de 1970 hasta finales de la década de 1990, período en el cual se implementó una combinación de políticas económicas caracterizadas por controles directos sobre variables sistémicas fundamentales.
El análisis que sigue se concentra exclusivamente en el enfoque económico y sistémico, sin incorporar el fenómeno de la corrupción gubernamental, no por considerarlo irrelevante, sino porque el objetivo central es aislar los efectos económicos de las decisiones de política. No obstante, cabe señalar que las políticas económicas que distorsionan el sistema y generan discrecionalidad suelen crear condiciones propicias para la expansión de prácticas corruptas en el sector público.
Durante la década de 1970, la economía peruana se desenvolvía en un contexto de fuerte intervención estatal, con una amplia participación de empresas públicas en la producción de bienes y servicios, así como con una política de cierre comercial orientada a la protección de la industria nacional. En este marco, y bajo la influencia de los planteamientos estructuralistas de la CEPAL, se promulgó en 1977 la Ley N.º 21953, que creó el denominado Dólar del Mercado Único de Cambios (Dólar MUC).
El Dólar MUC constituyó un tipo de cambio subsidiado y paralelo al del mercado libre, mediante el cual el Estado, a través del Banco de la Nación, vendía divisas a un precio inferior al de mercado con el objetivo de fomentar la inversión y abaratar la importación de insumos. Esta política se mantuvo y profundizó durante los gobiernos posteriores, generando una brecha creciente entre el tipo de cambio administrado y el tipo de cambio de mercado.
La coexistencia de un tipo de cambio artificialmente controlado, déficits fiscales persistentes, subsidios generalizados, control de precios y el financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria inorgánica por parte del Banco Central de Reserva, configuró un conjunto de señales económicas profundamente distorsionadas. Estas decisiones vulneraron de manera sistemática las restricciones fiscales, monetarias y externas del sistema económico.
El resultado fue una dinámica acumulativa de desequilibrios que se manifestó en la pérdida de reservas internacionales, la ruptura de la credibilidad macroeconómica, la moratoria unilateral del pago de la deuda externa y un proceso hiperinflacionario sin precedentes. Al cierre de 1990, la inflación anual alcanzó niveles superiores al 7,000%, el Producto Bruto Interno se contrajo en aproximadamente 30% entre 1987 y 1990, la pobreza afectaba a cerca del 44% de la población y la pobreza extrema al 20%.
Este colapso económico y social no fue un accidente ni el resultado de factores exógenos inevitables, sino la consecuencia lógica de decisiones de políticas económicas implementadas, que intentaron controlar directamente variables sistémicas, ignorando el funcionamiento interno del sistema económico. El ajuste posterior, orientado a restablecer precios relativos, corregir el déficit fiscal, recuperar reservas internacionales y reordenar la política monetaria, implicó costos sociales significativos que recayeron, paradójicamente, sobre los mismos grupos que se buscaba proteger con las políticas previas.
La experiencia peruana constituye así una evidencia empírica contundente de que las políticas económicas que se presentan como protectoras de los sectores más vulnerables, pero que desconocen las restricciones y la lógica del sistema económico, terminan perjudicándolos de manera desproporcionada. Esta lección no es exclusiva del Perú, sino que se ha repetido en distintos países de América Latina y el Caribe, como en países de Europa del Este, bajo esquemas de política económica similares.
El corolario confirma una de las tesis centrales del libro: cuando las políticas económicas se diseñan al margen del funcionamiento del sistema económico, los desequilibrios no se eliminan, se acumulan; y cuando el ajuste finalmente ocurre, el costo social es mayor y recae principalmente sobre quienes se pretendía beneficiar.